El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha abierto la consulta pública previa para la elaboración de un anteproyecto de ley que modificará la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y el Real Decreto 39/1997, que regula los Servicios de Prevención. El periodo de participación estará abierto del 9 al 23 de enero de 2026, ambos inclusive.
No se trata de un trámite menor. Hablamos de revisar los dos pilares normativos de la prevención en España tras más de 30 años de aplicación, en un contexto laboral que ya no se parece al de 1995.
Por qué se plantea ahora esta reforma
El propio documento de consulta reconoce algo que en el sector se viene señalando desde hace tiempo: la normativa ha generado avances, pero también problemas de aplicación, especialmente en pymes, y una deriva excesivamente formalista que no siempre se traduce en mejores resultados preventivos.
A esto se suman transformaciones profundas del trabajo:
- Digitalización y trabajo a distancia
- Cambio climático y episodios de calor extremo
- Envejecimiento de la población trabajadora
- Emergencia y cronificación de los riesgos psicosociales
- Nuevas formas de organización productiva y precariedad estructural
Todo ello alineado con el Marco estratégico europeo 2021-2027, la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2027, como la Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el trabajo 2024-2028 que ya anticipaban la necesidad de una revisión normativa de calado.
Qué objetivos persigue el anteproyecto
Según el texto sometido a consulta, la reforma busca, entre otros objetivos :
- Visibilizar riesgos emergentes, especialmente psicosociales, climáticos y derivados de la digitalización y la desconexión digital.
- Integrar la perspectiva de género y la diversidad generacional en la gestión preventiva.
- Reforzar la protección de embarazo y lactancia.
- Mejorar la organización preventiva, dando más peso real a las funciones preventivas internas.
- Crear agentes territoriales de prevención, con impacto especial en empresas sin representación legal, especialmente pymes.
- Revisar la formación exigible a los niveles básico, intermedio y superior.
- Aumentar la protección de las personas trabajadoras autónomas en situaciones de concurrencia empresarial.
El objetivo final declarado es claro: menos siniestralidad, más integración real de la prevención y entornos de trabajo más saludables y seguros.
Una lectura crítica necesaria
La consulta pública es, sin duda, una oportunidad. Pero también plantea un riesgo: que la reforma se quede en una actualización declarativa, añadiendo nuevos conceptos sin resolver el problema de fondo.
La experiencia demuestra que más norma no garantiza mejor prevención si no va acompañada de:
- criterios claros de aplicación,
- simplificación real para pymes,
- refuerzo de capacidades técnicas,
- y, sobre todo, exigencia de resultados, no solo de cumplimiento documental.
Si esta reforma no corrige la brecha entre lo que se exige y lo que realmente se gestiona en las empresas, el cambio será más cosmético que transformador.
Participar no es opcional
Empresas, servicios de prevención, profesionales, sindicatos y entidades especializadas tienen ahora la posibilidad —y la responsabilidad— de participar activamente en esta consulta.
La futura Ley de Prevención de Riesgos Laborales marcará el rumbo de la salud, la seguridad y el bienestar laboral en España durante las próximas décadas. Quedarse al margen es aceptar que otros decidan cómo debe ser la prevención que necesitamos.
Las aportaciones se realizan a través del portal del Ministerio de Trabajo y Economía Social, en la sección de participación pública en proyectos normativos.
El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha abierto la consulta pública previa para la elaboración de un anteproyecto de ley que modificará la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y el Real Decreto 39/1997, que regula los Servicios de Prevención. El periodo de participación estará abierto del 9 al 23 de enero de 2026, ambos inclusive.
No se trata de un trámite menor. Hablamos de revisar los dos pilares normativos de la prevención en España tras más de 30 años de aplicación, en un contexto laboral que ya no se parece al de 1995.
Por qué se plantea ahora esta reforma
El propio documento de consulta reconoce algo que en el sector se viene señalando desde hace tiempo: la normativa ha generado avances, pero también problemas de aplicación, especialmente en pymes, y una deriva excesivamente formalista que no siempre se traduce en mejores resultados preventivos.
A esto se suman transformaciones profundas del trabajo:
- Digitalización y trabajo a distancia
- Cambio climático y episodios de calor extremo
- Envejecimiento de la población trabajadora
- Emergencia y cronificación de los riesgos psicosociales
- Nuevas formas de organización productiva y precariedad estructural
Todo ello alineado con el Marco estratégico europeo 2021-2027, la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2027, como la Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el trabajo 2024-2028 que ya anticipaban la necesidad de una revisión normativa de calado.
Qué objetivos persigue el anteproyecto
Según el texto sometido a consulta, la reforma busca, entre otros objetivos :
- Visibilizar riesgos emergentes, especialmente psicosociales, climáticos y derivados de la digitalización y la desconexión digital.
- Integrar la perspectiva de género y la diversidad generacional en la gestión preventiva.
- Reforzar la protección de embarazo y lactancia.
- Mejorar la organización preventiva, dando más peso real a las funciones preventivas internas.
- Crear agentes territoriales de prevención, con impacto especial en empresas sin representación legal, especialmente pymes.
- Revisar la formación exigible a los niveles básico, intermedio y superior.
- Aumentar la protección de las personas trabajadoras autónomas en situaciones de concurrencia empresarial.
El objetivo final declarado es claro: menos siniestralidad, más integración real de la prevención y entornos de trabajo más saludables y seguros.
Una lectura crítica necesaria
La consulta pública es, sin duda, una oportunidad. Pero también plantea un riesgo: que la reforma se quede en una actualización declarativa, añadiendo nuevos conceptos sin resolver el problema de fondo.
La experiencia demuestra que más norma no garantiza mejor prevención si no va acompañada de:
- criterios claros de aplicación,
- simplificación real para pymes,
- refuerzo de capacidades técnicas,
- y, sobre todo, exigencia de resultados, no solo de cumplimiento documental.
Si esta reforma no corrige la brecha entre lo que se exige y lo que realmente se gestiona en las empresas, el cambio será más cosmético que transformador.
Participar no es opcional
Empresas, servicios de prevención, profesionales, sindicatos y entidades especializadas tienen ahora la posibilidad —y la responsabilidad— de participar activamente en esta consulta.
La futura Ley de Prevención de Riesgos Laborales marcará el rumbo de la salud, la seguridad y el bienestar laboral en España durante las próximas décadas. Quedarse al margen es aceptar que otros decidan cómo debe ser la prevención que necesitamos.
Las aportaciones se realizan a través del portal del Ministerio de Trabajo y Economía Social, en la sección de participación pública en proyectos normativos.
Podrá encontrar más información en el siguiente enlace: https://www.juntadeandalucia.es/organismos/iaprl/servicios/actualidad/noticias/detalle/635863.html
